Duarte, de 57 años y detenido el pasado 8 de julio en Miami, "no puede demostrar" que "no hay riesgo de fuga o peligro para la comunidad ", detalló el fiscal Jason Wu, en una moción de 27 páginas a la que tuvo acceso este domingo.

" El fugitivo (...) no puede superar la fuerte presunción contra la fianza en casos de extradición internacional ", señala el fiscal.

El exgobernador, solicitado en extradición por México, tiene previsto el jueves 30 de julio la audiencia de libertad bajo fianza a través de videoconferencia con la jueza federal Lauren F. Louis.

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Duarte lleva detenido cerca de tres semanas en el Centro de Detención Federal de Miami, en el centro de esta ciudad de Florida, según la base de datos de la Oficina Federal de Prisiones.

El recurso legal de la Fiscalía señala que "es suficiente" el riesgo de fuga de Duarte o el peligro para la comunidad "para que la Corte rechace cualquier solicitud de libertad bajo fianza".

El fiscal señalado además que el tratado de extradición entre Estados Unidos y México está "en plena vigencia", y los delitos por los enfrentamientos extradición en Estados Unidos ("están consignados" en dicho acuerdo.

Entre tanto, la defensa de Duarte, compuesta por los abogados Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, no han presentado por el momento la moción en la solicitud de libertad bajo fianza, según los archivos judiciales.

En la audiencia del próximo jueves, que será a través de video debido a la pand emia de la COVID-19, Duarte comparecerá por segunda vez ante la jueza Louis, del Distrito Sur de Florida.

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"Duarte, con la asistencia de los funcionarios de su Administración y de otras personas, malversó los fondos en beneficio propio y de sus asociados", detalla la demanda en la UE.

Precisa que el 8 de octubre de 2019 la jueza María Alejandra Ramos Durán, en Chihuahua, había emitido una orden de arresto contra el exgobernador.

Las autoridades mexicanas descubrieron irregularidades “afectadas” en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.

Según la demanda, desde el menos junio de 2011 hasta noviembre de 2014, Chihuahua transfirió más de 6.4 millones de dólares a dos empresas en las que "Duarte era el accionista mayoritario".

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