Cerca de ocho horas después de que Ricardo Rosselló se viera obligado a renunciar a la gobernación, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) frenó el flujo de fondos para la recuperación de Puerto Rico al despojar al gobierno local de la autoridad para emitir reembolsos.
La movida, según múltiples entrevistados, es solo una muestra del peso que tienen la incertidumbre y los alegatos de corrupción sobre cuán rápido y bajo qué restricciones llegará el dinero que Puerto Rico necesita para su reconstrucción, así como las asignaciones federales para financiar programas de salud y de nutrición para la población más necesitada.
Mediante una carta enviada a Rosselló en la mañana del 25 de julio, FEMA informó que la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) ya no emitiría reembolsos, poder que le había conferido el 1 de abril, sino que cada solicitud requerirá su revisión y aval. Atribuyó su decisión a las vacantes en posiciones clave como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y también a la duda de si Omar Marrero, jefe de COR3 y representante autorizado del gobernador (GAR) ante FEMA, continuará en su puesto una vez el próximo gobernante juramente.
“FEMA revisará las circunstancias una vez más cuando el nuevo gobernador designe un GAR”, indicó en la misiva Thomas Von Essen, administrador de la región 2 de FEMA, aunque reconoció “los pasos proactivos” que ha dado COR3 para mitigar los riesgos de malos manejos que precedieron la renuncia de Rosselló.
A base de la experiencia previa con el proceso manual de reembolso, Marrero estimó que FEMA demorará de 120 a 180 días en emitir pagos que a COR3 le tomaban de 10 a 30 días.
Esta reversa coincide con que el Departamento de la Vivienda (DV) entra en el quinto mes de espera por el visto bueno de su homóloga federal (HUD) para tener acceso a la segunda subvención en bloque de fondos CDBG-DR, que asciende a $8,220 millones. “El ‘grant agreement’ está en Washington y depende de ellos. Eso se aprobó en febrero. Estamos terminando julio”, informó Fernando Gil Enseñat, secretario del DV.
El plan de acción para la primera, y hasta ahora única, subvención de $1,500 millones de fondos CDBG-DR se aprobó el 20 de septiembre de 2018, y el secretario de HUD, Ben Carson, anunció la “liberación” de fondos en febrero, cinco meses después. La demora se atribuyó a que el DV debía reforzar su capacidad interna de cumplimiento. Esta vez, Gil recalcó que están listos, pero que las investigaciones por corrupción, aunque no toquen su agencia, “son circunstancias que agravan. No es ‘business as usual’”. Aún así, Gil aseguró que “no ha habido una comunicación formal ni ninguna verbal ni escrita” de que haya la intención de imponer controles adicionales, aun cuando estuvo en reuniones en Washington DC que coincidieron con los arrestos de exfuncionarios y contratistas del gobierno estatal.
Aval condicionado a federalizar
Ante este panorama, líderes de la industria de la construcción abogaron por considerar la idea de que un ente federal asuma el mando de la reconstrucción. “Le damos la bienvenida a un zar o monitor federal siempre que la designación no añada procesos burocráticos”, indicó Alejandro Abrams, presidente del capítulo local de la Asociación de Contratistas Generales (AGC-PR).
“Decimos que un ente federal no es mala idea porque el retraso en los fondos ya lo tenemos”, coincidió de forma separada Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores (ACPR). “Esta idea tiene un asterisco: tendría que cumplir con la Ley estatal de Preferencia a la Contratación Local, para maximizar el impacto económico de los fondos”.
Para Colón Zavala, esto sería un ejemplo de “hacer cosas diferentes y apoderarse de la situación”, en la medida que se combine con acciones contundentes de la empresa privada y las agencias para prevenir extorsión, soborno y tráfico de influencias desde la cúpula hasta los empleados. “Las multinacionales lo tienen. Tenemos que implantar sistemas gerenciales para prevenir la corrupción y tener más credibilidad”, exhortó.
Mientras, el contratista y expresidente de la AGC-PR, Humberto Reynolds, advirtió que aunque no ha sabido de cancelaciones de proyectos, “hay incertidumbre y se distrae la acción”.
“Tampoco se han parado subastas hasta ahora. Pero se va a reflejar al fin y al cabo, probablemente, en medidas más restrictas”, auguró Abrams.
Sobre la figura de un coordinador federal, Gil levantó bandera: “Soy bien juicioso y cuidadoso en pedir un monitor o un ente federal, porque si es para poner más burocracia y dilatar que la ayuda llegue a la gente, entonces tengo que levantar mi objeción”.
Por su parte, Marrero puso en perspectiva que “otras jurisdicciones con casos de corrupción con dinero de recuperación no sufrieron freno en los fondos”. Debido a que, hasta la fecha, no han trascendido malos manejos con este tipo de fondos, se expresó optimista en que el enfoque en la reconstrucción retorne tan pronto se complete la transición del gobierno.
Pero, en una mirada al macro, Colón Zavala planteó que “si se observan los distintos programas federales, todo está convergiendo. La conclusión más lógica es que nos están estrangulando con la chequera”.
Con ello concordaron diversas voces inmersas en las gestiones para que Puerto Rico tenga mayor acceso a fondos federales para programas de salud y alimentos.
Dura secuela en la salud
En el caso del sector de salud, el impacto que experimentará el sector como secuela de las acusaciones contra la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, se sentirá en el peor momento posible.
De acuerdo con el economista Gustavo Vélez, quien ha analizado la transformación del sector, prácticamente 60 centavos de cada dólar que gasta el consumidor se dedican a productos o servicios de salud y a su vez, ese gasto es financiado considerablemente por fondos federales.
“El gasto de salud se ha convertido en el renglón más alto de consumo personal, es más alto que lo que gastan los puertorriqueños en alimentos”, indicó Vélez. Para el 2018, el gasto de consumo en salud en la isla se calculaba en $14,537 millones. En el 2010, esa partida rondaba $10,139 millones, explicó el economista.
“Una vez se activen los controles que ya están discutiendo, se va a afectar el flujo de efectivo que financia esas actividades”, agregó Vélez.
El pasado 10 de julio, un gran jurado imputó a Ávila Marrero haber conspirado con el socio fundador de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, y el subcontratista de este, Alberto Velázquez Piñol, para obtener información confidencial de ASES y de otras empresas que prestaban servicios a esa agencia para cancelar tales acuerdos y dar paso a la firma de contabilidad.
Fuentes de este diario aseguran que Velázquez Piñol, quien se identificaba como asesor de la agencia sin ser empleado de esta, jugó un papel clave en la selección de los aseguradores que fueron contratados para la implementación del plan Vital. Dicho plan es la nueva versión del Plan de Salud del Gobierno (PSG), por el cual la propia Ávila Marrero abogaba ante el Congreso hace cerca de un mes.
“Es una tragedia que uno de los grandes perjudicados de todos estos eventos sea el sector de salud porque estás hablando de un sector que es clave en una sociedad que envejece, lo que aumenta la demanda de esos servicios, y también es más pobre”, sostuvo Vélez.
Según el economista de la firma Inteligencia Económica, el gobierno había logrado con éxito que el Congreso aprobara unos $12,000 millones para el PSG, de un pedido de $15,000 millones. Ese dinero habría puesto fin al llamado “precipicio fiscal” y que se habría producido el año entrante, una vez los fondos federales que se asignan al PSG a través del programa federal Medicaid llegaran a su fin. Pero ahora, esa aprobación quedará sujeta a las condiciones que establezca el legislativo federal.
De acuerdo con el análisis de Inteligencia Económica, en Puerto Rico seis de cada 10 personas están acogidas al PSG que prácticamente se financia en su totalidad con Medicaid. Para el 2010, los medicoindigentes representaban 55% de la población y, al concluir el 2018, rondaban 61.6%.
Pero según Vélez, en el 39% restante de la población que posee una cubierta privada de salud, se encuentra el segmento de Medicare Advantage, y ese programa también se financia en su totalidad con fondos federales. Mientras, uno de cada 10 puertorriqueños no tiene seguro médico.
Según Vélez, mientras el escándalo de corrupción de ASES arroja una sombra en la principal agencia receptora de los fondos de Medicaid para asistir a los pobres, en el sector privado vinculado a Advantage se lidia con otros dos problemas: la falta de paridad en las primas que se paga por beneficiario en relación con las jurisdicciones estatales, y los retos de fraude y abuso.
Por años, la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare (MMAPA, en inglés), que agrupa a aseguradores y otros jugadores del sistema sanitario de Puerto Rico, ha cabildeado en la capital federal para acortar la brecha entre lo que Medicare paga a en los estados y las primas aplicadas a Puerto Rico. A la fecha, no se ha logrado tal reclamo. Intentos por conversar con oficiales de MMAPA no tuvieron éxito.
“Ese esfuerzo va a tener poco eco ahora con esta situación”, dijo Vélez. En esta coyuntura, opinó el economista, se van a requerir esfuerzos concretos para que Puerto Rico pueda salir de las clasificaciones de “alto riesgo”. Pero mientras ello sucede, Vélez reconoció que los frenos que adopte el gobierno federal afectarán un sector que que representa 115,000 empleos directos aun cuando se achicó tras el huracán María .
“Es un ecosistema que está bajo presión, con menos hospitales, con proveedores afectados por los retrasos en sus pagos y aseguradores con presiones porque el costo de los servicios y los medicamentos va en aumento, lo que afecta la razón de pérdida médica”, dijo Vélez.
Intacta la presión por los fondos SNAP
De otro lado, tras el gobierno federal retrasar por par de semanas el envío a la isla de los fondos adicionales para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), finalmente efectuó el desembolso y a partir de mañana lunes, los 700,000 tarjetahabientes comenzarán a ver un aumento en la cantidad de dinero que reciben para la compra de alimentos.
Empresarios del sector de alimentos y de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) dijeron que la asignación especial de $600 millones para los próximos 12 meses no se afectará por los sucesos recientes acaecidos en la administración de Rosselló, información que fue confirmada el viernes mediante comunicado de prensa de la Fortaleza.
No obstante, los empresarios sí están preocupados por el impacto que los actos de corrupción, la inestabilidad que impera en el sector gubernamental y la renuncia de Rosselló puedan tener en las gestiones que la industria de alimentos realiza en la capital federal para que Puerto Rico sea incluido en el programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés). Dicho programa permitiría que la isla reciba $1,200 millones adicionales al año, lo que elevaría la ayuda federal a más de $3,000 millones anuales destinados para la compra de alimentos en la isla.
En este esfuerzo para convencer a las dependencias estadounidenses están MIDA y la Asociación de Agricultores, entre otras entidades.
Héctor Iván Cordero, presidente de los agricultores, uno de los gremios del sector privado que primero pidió la renuncia de Rosselló cuando se develaron las casi 900 páginas del chat, indicó que es imperativo demostrarle al Congreso que buena parte de la población de Puerto Rico no cuenta con suficiente dinero para alimentar a la familia.
“Nuestro temor es que los eventos ocurridos en los pasados días hayan creado interrogantes o temor dentro de las esferas federales. Debemos ir allá y demostrarle al Congreso que ese dinero es necesario para los residentes de Puerto Rico”, indicó.
Por su parte, Eduardo Marxuach, presidente y principal oficial ejecutivo de Econo, dijo que esta situación en la administración Rosselló “crea mucha preocupación, tanto a demócratas como a republicanos. Tenemos que sentarnos en agosto para ir a comunicarles con urgencia, que Puerto Rico debe transicionar al SNAP”. A partir de esta semana, el grupo local de empresarios se reunirá para delinear la estrategia que llevarán a Washington.
Mientras, José Soto, presidente de Ralph’s Food Warehouse y presidente de MIDA, aseguró que, pese a las circunstancias que vive el país, “en cuanto a los esfuerzos para lograr entrar al programa SNAP, seguiremos nuestras gestiones en el Congreso. Es importante resaltar que a diferencia de otros programas, estos fondos van directo a los participantes y la intervención que puede tener cualquier gobierno local es mínima dando mayor seguridad al gobierno federal”.
Recalcó Soto que la búsqueda de certeza y mayor seguridad es una razón adicional para entrar a SNAP, en vez del programa actual (PAN) que permite cierta discreción al gobierno local. “Aun cuando vamos a seguir nuestros esfuerzos en beneficio de la industria de alimentos y nuestros consumidores, independientemente de quien esté en La Fortaleza, sería ideal la coordinación con el gobierno, la comisionada residente y el sector privado. Vamos a necesitar la ayuda de todos”, agregó el presidente de MIDA.
