Existen mecanismos que te permiten esconder al máximo la aplicación de mensajería instantánea.
WhatsApp es la aplicación más personal que un usuario puede tener en su dispositivo móvil, por eso es una medida que los datos privados se van acumulando dentro de la plataforma, más son las intenciones de protegerlos al máximo.
En la ' La aplicación se encuentra disponible para el chat oculto, activar contraseñas y también ocultar la información que desea.
A continuación algunas recomendaciones para proteger los datos privados de su cuenta de WhatsApp:
Ocultar chats
desea ocultar un chat en específico lo que debe seleccionar ese chat y pulsar la opción de Archivar . Además debe ingresar en las opciones de esa conversación y eliminar todo el tipo de notificación para esos mensajes no enviados en las etiquetas de notificaciones de su dispositivo Android.
Huella dactilar
Está novedosa función de la aplicación le permite al usuario ingresar con el requisito de poner su huella dactilar o una clave PIN que previamente haya registrado.
De manera que la persona desconocida que tenga su celular, no podrá ingresar a su cuenta de WhatsApp ya su vez no leer sus conversaciones.
Esconder icono de WhatsApp
Si quieres ir más allá, entonces debes descargar la aplicación Apex Launcher que te permite ocultar el icono de WhatsApp en el menú de aplicación de tu teléfono inteligente.
Luego de descargarlo debes abrir y dirigir a la sección de Aplicaciones Ocultas al ingresar debe buscar el icono de WhatsApp activar su función.
De manera que al activar tod como estas recomendaciones al mismo tiempo, el usuario desconocido que tiene acceso a tu celular, tiene un largo trabajo para acceder a conversaciones que tanto protegen.
El tema de la ciberseguridad es ya una cuestión de cultura, aseguró Mar López Gil, vocal asesora del Departamento de Seguridad Nacional, en la inauguración de la Conferencia de Alto Nivel sobre Aseguramiento (High Level Conference on Assurance, HLCA) 2019 de ISACA Madrid.
En su intervención, López Gil aludió a la necesidad de que la sociedad misma debe tomar más conciencia sobre esto.
Aún queda mucho trabajo de divulgación y concienciación por hacer “debemos salir de la zona de confort y crear más ‘cultura’ de la ciberseguridad para el conjunto de la sociedad”.
Una aseveración compartida por todos los asistentes.
López Gil resumió el proceso de elaboración de laEstrategia Nacional de Seguridad de 2019 que acaba de presentarse. Y en ese marco, el papel fundamental de la futura Comisión Permanente de Ciberseguridad, como célula de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional en materia de gestión de crisis y del Foro Nacional de Ciberseguridad que se debe constituir entre todos los agentes públicos y privados.
Estas son dos de las novedades que presenta la nueva Estrategia.
En una de las mesas de debate María Álvarez Caro, representante de Google, Jorge Pérez coordinador del Internet Governance Forum (IGF); João Luis Silva, presidente de Internet Society España; Ángel Gómez de Ágreda, coronel jefe del Área de Análisis Geopolítico Ministerio de Defensa; fue moderada por Antonio Martínez, socio y «Business Development Manager» (gerente de Desarrollo de Negocios) de Áudea, analizaron la polémica de la gobernanza en Internet.
Tras definir que Internet es uno de los elementos que más ha contribuido a la riqueza de la humanidad en los últimos tiempos, los intervinientes aclararon que los gobiernos territoriales clásicos intentan poner normas por lo que se debe resolver la tensión entre el modelo de sociedad territorial y la globalidad de la Red.
Para María Álvarez, la red, hasta ahora, contaba con una gobernanza técnica, pero la evolución hacia la pluralidad de cuestiones como las «Fake News», ha hecho que “la gobernanza evolucione hacia las cuestiones relativas al contenido”.
La clave de la cuestión para los expertos de esta ponencia es lograr un orden global que se coordine con la soberanía de los países.
Por eso auguraron que será inevitable la presencia de los Gobiernos y que se constituya un foro de gobernanza con protocolos, aunque, para Álvarez, “esa regulación debe basarse en valores, y no ser demasiado intervencionista”.
Por su parte, Juan López, socio de Cybersecurity & IT Risk de EY, introdujo el tema de las amenazas híbridas ciber y físicas, centrándose en los drones, porque se trata de una tecnología que pueden estrellarse donde sus pilotos quieran, por lo que pueden ser una herramienta para cualquier ataque efectivo y barato a una compañía.
El riesgo para las corporaciones son el sabotaje, el espionaje industrial visual o conversacional, y el espionaje electrónico.
Aunque la legislación española ha puesto freno, (hay que tener licencia profesional, limitaciones de vuelo en espacios abiertos, etc).
En España hay 5.500 drones registrados y más de 3.600 licencias. El operador de un dron puede estar a un kilómetro.
López-Rubio desveló que se intenta tener registrados los drones para que haya responsabilidad de los dueños y los compradores.
Mesa sobre ley de secretos empresariales. En la foto: Violeta Beltrán, directora de la Unidad Legal de Patentes y Proyectos públicos de Biopolis; Susana Bayón, de Repsol; Luis Ignacio Vicente del Olmo, de Telefónica Patent Office; Javier Fernández-Lasquetty, socio en Elzaburu; y moderador con Josep Cuñat, socio responsable de Ciberseguridad en Auren.
¿CÓMO NOS AFECTA LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES?
Violeta Beltrán, directora de la Unidad Legal, Patentes y Proyectos públicos de Biopolis, Susana Bayón, de Repsol, Luis Ignacio Vicente del Olmo, de Telefónica Patent Office, Josep Cuñat, socio responsable de Ciberseguridad en Auren, bajo la moderación de Javier Fernández-Lasquetty, socio en Elzaburu, coincidieron en la idoneidad de esta Ley y su aprobación.
Los ponentes indicaron que la figura del “secreto” va a permitir rentabilizar inversiones y proteger trabajo, información o productos que no deberían conocerse fuera de la compañía.
También se entiende que va a mejorar las condiciones de las patentes, que no son legislativamente tan protegibles, por lo que, según los participantes, esta Ley es un avance y una potente herramienta para posicionarse en el mercado, fomentar la innovación y proteger aquello que tanto cuesta conseguir en las empresas.
En opinión de Josep Cuñat, “la ley viene a imponer que la empresa que quiera proteger sus secretos, deberá hacerlo técnicamente” y para que exista esa protección hay que utilizar recursos en áreas como el control, la auditoría y los riesgos.
Con la Ley de secretos empresariales se van a proteger elementos que pueden evolucionar como, por ejemplo, algoritmos.
Lo que no ocurre con la patente, que tan solo protege durante unos años y exclusivamente el elemento registrado tal y como era en el momento de dicho registro.
Eduardo Solís, director de «Business Security Solutions» (Soluciones de seguridad para empresas) de PWC, explicó en su ponencia, “Alcanzando la madurez en la función internacional de seguridad: control y reporting”, que las empresas deben definir dicha expansión desde una política de seguridad, tanto global como local.
Se trata de definir una nueva estrategia. Primero hay que estudiar cada país o negocio del grupo para dar forma a la función de control y reporting del grupo entero.
Francisco Javier Sánchez, responsable de Proyectos de Inteligencia Artificial en el Grupo SIA, planteó en su ponencia, “Aplicación de técnicas de inteligencia artificial en servicios de ciberseguridad: detección temprana de fraude y vigilancia digital”, que si tenemos brechas de seguridad, tardamos en encontrarlas ¿qué estamos haciendo mal?
Con la Inteligencia Artificial, el «big data», etc, el problema ha crecido exponencialmente.
Para ello cree necesario la monitorización, es decir, sistemas de medición de todo aquello que no queramos perder.
La inteligencia artificial no da un resultado pero sus algoritmos buscan reglas para reducir ese tiempo que vamos por detrás, con técnicas de Machine Learning, para agrupar usuarios, detectar fraudes y riesgos y técnicas de reacción personalizada.
PRINCIPALES IMPLICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA NIS
Silvia Barrera, jefe de la Sección Relaciones Internacionales del Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC); Francisco Villalba de CNPIC; Cándido Arregui, CISO (jefe de Seguridad de la Información) de AENA, Carlos Manchado, CISO (jefe de Seguridad de la Información) de Naturgy; Jorge Uyá, ‘Chief Operating Officer’ (director de Operaciones) de Entelgy-Innotec, moderados Félix de Andrés, gerente de ‘Risk Advisory’ (Asesoría de Riesgos) de Deloitte, debatieron sobre las principales implicaciones de la Directiva NIS (Network and Information Security; seguridad de las redes y los sistemas de información en español).
Con la Directiva, que establece sanciones de hasta 1 millón de €, el regulador europeo quiere que haya una cultura de la comunicación de ciberincidentes, porque estos ya son transfronterizos y evitar así que sea más barato delinquir que cumplir la Ley.
805 de los operadores críticos españoles son empresas privadas y son los primeros interesados en cumplir sus normas de seguridad.
En España hay 132 operadores de servicios esenciales, y 400 operadores críticos, y aún faltan por determinar (se hará antes del 9 de noviembre de este año) algunas otras compañías que deben estar sujetas a esta regulación.
Con la economía aún in – tentando salir de la recesión –esta semana se comunicó el primer aumento interanual en un año, traccionado por el agro- hay sectores que se encuentran “en el barro” desde hace tiempo y que sin mediar un cambio de rumbo van a una crisis terminal. El de los hospitales, sanatorios y clínicas privadas en uno de ellos. Allí se combinan una serie de factores endógenos y exógenos a la actividad que hace tiempo pusieron en alerta a los referentes empresariales. Las entidades nucleadas en Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim) vieron con especial preocupación el informe elaborado por los economistas Jorge Colina, Rocío Quiroga y Martín Gropper. En ese análisis se proyecta el rumbo que muestran los prestadores de medicina privada, se trazan los factores de desfinanciamiento y también se analizan otros elementos como los cambios en los regímenes de cobertura de salud, a la vez que se plantean una serie de iniciativas para hacer sustentable la actividad y permitir que salga de la emergencia sanitaria actual.
En emergencia. Sobre este último punto, el presidente de Adecra, Jorge Cherro es tajante: “El sector hace años que está en crisis, pero ahora vamos a un colapso en el corto plazo si no hacemos algo. Y si caemos nosotros hacemos colapsar al sector público. Vamos a pedir que se prolongue la emergencia sanitaria que vence en diciembre porque es un parche, no es la solución de fondo, pero nos da un poco de oxígeno”. Y amplía: “No podemos salir de la emergencia sanitaria porque el 50% de los sanatorios está mal y esto le permite a las empresas no pagar las cargas sociales y que la Afip no te pare, pero tampoco podés vivir endeudándote. Si se cae de la noche a la mañana la emergencia sanitaria es grave, hay que salir de forma ordenada”. Para plantear el panorama de los prestadores privados Cherro apunta que a los problemas exógenos de la actividad (inflación, inestabilidad cambiaria, golpes devaluatorios, presión tributaria) se suman los endógenos: la relación que hay entre la cobertura cada vez más amplia del Programa Médico Obligatorio (PMO) y el financiamiento cada vez más escaso, el envejecimiento de la población, la aparición de drogas y tratamientos caros, el desfinanciamiento vía PAMI, entre otros. “Hoy todo lo que no está cubierto por el PMO te lo prescribe un juez por un recurso de amparo, entonces el PMO no tiene techo. Socialmente, quién puede negar la aparición de una nueva droga para aliviar a la gente, pero hay que ver los costos de todo y alguien lo tiene que pagar”, señala.
Desfinanciamiento. Además del Pami, otro factor que opera en contra de las cuentas de las empresas es la dinámica del mercado laboral registrado (no tanto por la caída del empleo asalariado privado registrado sino más en la perspectiva de que lo que más crece son las modalidades de cobertura de bajo financiamiento como el monotributismo y el servicio doméstico)”.
Revisión impositiva. El trabajo que lideró Colina avanza en una serie de propuestas de las empresas prestadoras de salud privada para intentar hacer sostenible el sistema. En ese sentido proponen:
1) Mejorar la equidad distributiva en el uso del Fondo Solidario de Redistribución. En el 2016 se estableció que los gastos por discapacidad sean pagados directamente desde el Fondo, que se financia con entre el 15% y el 20% de los aportes salariales de los afiliados a obras sociales nacionales.
2) Regular correctamente los planes parciales en los planes voluntarios. “La idea de habilitar planes de salud parciales que proponen las autoridades sanitarias es apropiada desde el punto de vista que resulta insensato exigirle a una persona que paga de su propio bolsillo un plan de salud para acceder a la medicina privada un plan íntegro de PMO”, señalan.
3) Darle consistencia a los planes de salud de los grupos subfinanciados (monotributistas y servicio doméstico) de la seguridad social: “En la lógica de la habilitación de los planes parciales, como es el PMO, se debería buscar el mismo tipo de solución para el monotributismo y el servicio doméstico. Aceptando otra realidad que es que entre las obras sociales y prepagas se está, en los hechos, segregando a estas poblaciones con barreras administrativas de acceso y denegaciones implícitas, hay que sincerar esta situación y definir un PMO básico para estas poblaciones”, dicen.
4) Prever el envejecimiento de la población.
5) Dar una solución de fondo al régimen impositivo que recae sobre el sector salud para dar un final genuino y definitivo a la emergencia sanitaria. En este punto crítico hablan de habilitar la utilización de los saldos técnicos no computables de IVA, generados por la exención de de ese impuesto a las obras sociales y prepagas, para la cancelación de contribuciones patronales; calzar el momento de pago de las contribuciones patronales con el momento de cobro por parte de los prestadores médicos de las facturas que le emiten a las obras sociales y prepagas; nivelar el impuesto al cheque a la alícuota de las obras sociales; acelerar el avance al 100% del mínimo no imponible a las cargas sociales para los prestadores médicos que estén al día con las contribuciones patronales; tender hacia la eliminación de los impuestos a los Ingresos Brutos provinciales y las tasas de comercio e industria municipales a los prestadores privados de la salud.
“Ya tenemos el OK del Gobierno para que la emergencia siga. Hay que darle al prestador herramientas tributarias, fiscales, impositivas para que pueda tener una mejor ecuación fiscal y así enfrentar la salida de la emergencia. Hoy tenemos la palabra del Gobierno, aún no escrita, de que se posterga. Si sigue este Gobierno se sientan con el sector para ver las medidas y la agenda para poder salir”, contó Cherro.
