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Por Carlos Manuel Juárez
Uno de los tres juicios que mantienen preso al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, fue invalidado por insultar al poder judicial estatal.
Un juez federal encargado de redefinir si Hernández Flores debe continuar sometido a un proceso de lavado de activos, relacionado con la presunta compra mediante un 600 hectáreas del puerto industrial de Altamira.
El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, acusa al exgobernador que en 2007 -todavía en el cargo- adquirió a través de testaferros propiedades al 1,5 por ciento de su precio real y cuyo valor supera los mil 584 millones de pesos.
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El juez duodécimo de distrito de Tamaulipas, Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, dictaminó que el juzgado de jurisdicción común que dictó la prisión formal, no cumplió con las pautas impuestas por un tribunal colegiado en el amplio permiso para restablecer este juicio contra Eugenio Hernández.
La finca de 1.600 hectáreas fue expropiada por la federación en 1981 y transferido al gobierno de Tamaulipas en 1998 (gobernador Manuel Cavazos Lerma), como parte de un proyecto para promover el desarrollo industrial en el puerto de Altamira.
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Posteriormente, Tomás Yarrington habría comprado las 1.600 hectáreas a través de un capataz, un un precio 60 veces menor que su valor real, según sentencia de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
Finalmente, la tierra fue vendida a Hernández, una figura en la sombra, según la acusación.
El 6 de octubre de 2017, Hernández Flores fue detenido en Ciudad Victoria., con base en una orden de detención por lavado de activos y malversación de fondos, derivada de este expediente, y seis días después fue juzgado. Además, mantiene dos casos judiciales con base en Tamaulipas y una solicitud de extradición en Estados Unidos, por lo que hay un proceso pendiente por resolver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN).
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