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En la causa penal se le acusaba de «prestar ayuda para distraer de sus objetos importantes cantidades de dinero del presupuesto de egresos de Pemex», que se otorgaron al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) , mediante diversos acuerdos y convenios.
La indagatoria abierta por el llamado Pemexgate era la última acusación por este caso que queda pendiente de resolución en tribunales, pero terminó desechada. Según las diversas pruebas recabadas por la PGR, se modificaron con precisión la firma de varios convenios se desviaron de Pemex mil 580 millones de pesos, de los cuales 640 habrían terminado en la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000.
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