Etiqueta: Justicia

  • La Liga de la Justicia de la memoria cultural

    La Liga de la Justicia de la memoria cultural

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    Ricardo Barquín es miembro de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, que aúna a diversas iniciativas locales que luchan para salvaguardar y proteger elementos patrimoniales tan cotidianos como rótulos antiguos de proteínas …

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  • La Justicia venezolana dicta prisión preventiva a 40 personas por ataque fallido | TECNOTVHN

    La Justicia venezolana dicta prisión preventiva a 40 personas por ataque fallido | TECNOTVHN

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    Caracas, 16 de mayo (EFE) .- La Justicia de Venezuela dictó prisión preventiva para 40 personas por su vinculación con el fallido ataque marítimo de hace dos semanas en el que, según el Gobierno, fallecieron 8 personas y otras 45 resultaron detenidas , informó este sábado el Tribunal Supremo de Justicia.

    En un comunicado emitido por la institución con los nombres y apellidos de los afectados por la medida cautelar no figuran Airan Berry y Luke Denman, dos ex militares estadounidenses detenidos, cuya condición procesal no fue brindada por la fuente.

    Ambos identificaron la identificación del contratista militar Silvercorp, una empresa con la firma un contrato el estratega Juan José Rendón, hasta la semana pasada asesor del opositor Juan Guaidó, para esos ataques, si bien finalmente no les dio “luz verde” y que Guaidó no lo firmó.

    En la lista emitida por el Tribunal, además de los dos estadounidenses, faltan tres nombres más para completar las 45 personas que el Ejecutivo aseguró haber detenido.

    HOMICIDIO INTENCIONAL CONTRA MADURO

    Uno de los que quedará en prisión preventiva es el capitán Antonio Sequeda, integrador de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), acusado de los delitos homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente Nicolás Maduro, traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo y asociación para delinquir.

    Otro de los participantes, Josnars Adolfo Baduel, también hospital preventivo acusado de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.

    Según el Ejecutivo, Baduel ya era prófugo de la Justicia, tras haber ejercido en “dos o tres intenciones golpistas” entre los años 2018 y 2019. [19659009] Este imputado es hijo de Raúl Baduel, un general que fue aliado Hugo Chávez, considerado el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que le derrocó durante 48 horas en abril de 2002, exministro de Defensa entre 2006 y 2007. En 2009 fue enviado a prisión tras ser acusado por corrupción.

    REBELIÓN Y CONSPIRACIÓN

    A la mayoría de los detenidos se les dictó la medida por “la presunta comisión de los crímenes de traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero (…) tráfico ilícito de armas de guerra y asociación”, según reza el documento.

    A otro de los acusados ​​se le imputa el delito de “financiamiento al terrorismo”.

    Todos ellos permanecerán en prisión hasta que los tribunales correspondientes decidan la fecha en la que se organizó el proceso judicial con la audiencia preliminar, en la cual se conocerá si pasan a la siguiente fase , que determinaría, de manera individualizada, las penas a pagar por los hechos que se les imputan.

    GUAIDÓ “AL FRENTE”

    Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, esta semana que el líder opositor tor Juan Guaidó estaba “al frente” de los fallidos ataques marítimos y aseguró que “no se salva de esta”.

    Sin embargo, la Fiscalía no ha emitido, por el momento, ninguna orden contra él por este caso, a pesar de que, desde que se registraron los ataques, el Gobierno ha demostrado pruebas que incriminan.

    Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela, tiene al menos cuatro investigaciones abiertas por la Justicia.

    También cuenta con distintas medidas en su contra, como la prohibición de salida del país, algo que rompió con los principios de este año, cuando se produjo una violación internacional donde estuvo, entre otros países, en Estados Unidos y España.

    (c) Agencia EFE

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  • La justicia alemana exige al BCE que justifique su programa anticrisis | TECNOTVHN

    La justicia alemana exige al BCE que justifique su programa anticrisis | TECNOTVHN

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    El Tribunal Constitucional alemán exigió el martes al Banco Central Europeo (BCE) que justifique en un plazo de tres meses sus masivas compras de deuda pública, en un rotundo dictamen que amenaza su vasto programa de apoyo a la economía.

    El más alto tribunal del país dictaminó que el banco central alemán (Bundesbank) no podrá participar en el programa del BCE hasta que su consejo de gobernadores demuestre “de forma comprensible y peligros” que respete los tratados europeos.

    El tribunal, que respondió una demanda de varios euroescépticos, dijo que no pudo establecer ninguna violación por parte del BCE de la prohibición que tiene de financiar directamente a los Estados europeos.

    Sin embargo los jueces de Karlsruhe (suroeste de Alemania) consideró “dudoso” que el BCE tenga competencia para comprar deuda pública de manera masiva.

    Por eso piden un análisis “comprensible y detallado” de la “proporcionalidad” del programa, anera que el BCE tendrá que demostrar que los beneficios para la economía son superiores a los inconvenientes.

    Los jueces rechazan en particular seguir la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en 2018 tendrá la conformidad del programa de BCE pero que, según ellos, “ignoró totalmente” sus consecuencias económicas.

    La ​​inyección masiva de liquidez a la economía, especialmente política alemana, afectación según el tribunal “a todos los ciudadanos” en su condición de “accionistas, propietarios” , ahorradores o títulos de pólizas de seguros “, provocando” pérdidas considerables en los ahorros privados “.

    Las compras de deuda soberana representan la mayoría de los 2,6 billones de euros (unos 2,8 billones de dólares) de adquisiciones de obligaciones efectuadas entre marzo de 2015 y diciembre de 2018, en el marco del programa “QE” (Expansión Cuantitativa) lanzado para apoyar la economía en la zona euro y reactivado o en noviembre pasado.

    El BCE “analiza esta decisión y comentar cuando corresponde”, reacciona la entidad que preside la francesa Christine Lagarde, que nunca había vivido una exigencia judicial de este tipo en sus 20 años de existencia. [19659010] Por su parte, la Comisión Europea reafirmó este martes la “primacía de la legislación de la UE y el hecho de que la sentencia del TJUE es vinculante para todos los tribunales nacionales”, según su portavoz Eric Mamer.

    el fallo de este martes “no concierne” al programa de emergencia contra la pandemia (PEPP) anunciado en marzo por el BCE y dotado de 750.000 millones de euros desde aquí hasta fin de año.

    Desde marzo, se han decidido compras adicionales por más de un billón de euros solo para 2020, a través de una extensión del QE (ahora bajo amenaza por el tribunal) pero también gracias al dinero del PEPP.

    Entre los demandantes se encuentran el economista Bernd Lücke, antiguo fundador del partido de extrema derecha AfD; un exlíder jefe de los conservadores bávaros de la CSU, Peter Gauweiler, y Patrick Adenauer, nieto del excanciller alemán.

    En plena pandemia de coronavirus, una QE sin su mayor comprador en el mercado “pondría en peligro” a toda la Eurozona, advirtió Erik Nielsen, economista jefe de UniCredit.

    Tras el fallo del martes, muchos observadores apuntan a que el mismo razonamiento legal podría afectar al PEPP y ponerlo en peligro.

    “En Alemania llegarán rápidamente nuevos recursos contra el PEPP”, predijo en Twitter Vitor Constancio, un ex vicepresidente del BCE.

    “Una interpretación optimista podría ser el tribunal [alemán] ladra pero no muerde”, apunta por su parte Carsten Brzeski, del banco ING, con lo que bastaría que el BCE explicar en detalle sus medidas.

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  • “A 25 años del atentado a la Amia no tenemos justicia ni detenidos”

    Daniela Cortés

    Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

    El Centro Simón Wiesenthal   es una organización no gubernamental fundada en 1977 que  lucha por terminar con todas las formas de antisemitismo del mundo.  Actualmente tiene sedes en Estados Unidos, Canadá, Francia, Israel y Argentina. 

    La oficina local del Centro Simón Wiesenthal está ubicada en el barrio porteño de Palermo y allí estuvo El Territorio para dialogar con el doctor Ariel Gelblung, que además de ser sobrino del periodista Samuel ‘Chiche’ Gelblung, se desempeña como director de este organismo para América Latina. 

    El pasado 18 de julio se cumplieron 25 años del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. 

    Para Gelblung, la palabra que mejor describe lo que sienten los familiares de las víctimas de esa matanza es decepción. “Sólo lo argentinos que estamos acostumbrados a una Justicia ineficiente y tardía podemos soportar que a 25 años de aquella masacre no haya ningún responsable detenido y, aún peor, que estos estén gozando de privilegios en distintas partes del mundo”. 

    ¿Cómo describe lo que sienten los familiares de las víctimas?  

    Luego de 25 años seguimos reclamando justicia como el primer día y ese sentimiento perdura y se hace más firme a medida que pasa el tiempo. A pesar de las cinco causas judiciales que se realizaron, y algunas continúan en curso en la Justicia argentina, todavía  no hay ningún responsable preso por ese brutal atentado. Y lo más grave es que se sabe que están protegidos en Irán con apoyo de distintas organizaciones criminales  del mundo. 

    ¿Cuáles son las cinco causas judiciales abiertas por este atentado terrorista y en qué estado se encuentran? 

    La primera es la causa original que se sustanció entre el 2001 y el 2004 y que reveló un amplio encubrimiento de la Justicia argentina junto a los servicios de inteligencia pero que terminó sin detener a los verdaderos responsables, que son los cinco prófugos sobre los cuales hay alertas rojas de búsqueda mundial. Y a pesar de esto, uno de ellos estuvo en el Mundial de Rusia y cuando se pidió su detención huyó a China. Porque su impunidad está asegurada con la protección de Estados y organizaciones cómplices. 

    La segunda causa es la que investigó el encubrimiento que tuvo su sentencia hace poco, el pasado 28 de febrero, cuyo resultado fue absolutamente decepcionante para nosotros y que se encuentra apelada ante la Cámara Federal. 

    La tercera causa es el memorándum con Irán, que es una especie de segundo encubrimiento. 

    La cuarta causa es la que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado, y  la quinta causa es el nuevo juicio a Carlos Telleldín, quien acondicionó y entregó la camioneta Traffic que explotó en la Amia.

     En síntesis, un nudo de causas judiciales que aun no se lograron desentrañar.

    Hay evidencia suficiente en la Justicia argentina para entender que Hezbollah estuvo detrás del atentado a la Amia. ¿También hay evidencia de la presencia de representantes de este grupo en la zona de la Triple Frontera?

    Sí. Es necesario explicar que el Hezbollah no es un partido político de Líbano. Sino una organización criminal que se fue extendiendo desde Irán a todo el mundo y que tiene fuerte presencia en la zona de la Triple Frontera. Estos miembros del Hezbollah viven en Foz de Iguazú y tienen sus bases comerciales en Ciudad del Este con actividades relacionadas al lavado de dinero y el contrabando. 

    Y sabemos que circulan con absoluta libertad en toda la Triple Frontera. Muchos ya son nacidos en esa parte del mundo, pueden ser de nacionalidad argentina, paraguaya o brasileña con adhesión política e ideológica al Hezbollah.  

    En Latinoamérica también hacen base en Venezuela, concretamente en Isla Margarita. El régimen de Maduro otorgó 150 pasaportes venezolanos a miembros del Hezbollah que les permitió circular con libertad por cualquier país del Mercosur.

    Si es tan evidente esa actividad ilícita, ¿por qué los gobiernos de los tres países con jurisdicción en la Triple Frontera no lo combaten? 

     Porque nunca hubo decisión política compartida entre los tres países para acabar con esa actividad ilegal, que mueve fortunas y que sirve para financiar otras actividades criminales en distintas partes del mundo. Recién en esta última época hay algunas acciones consensuadas entre los tres países que, por ejemplo, permitieron desbaratar al clan Barakat. En septiembre del año pasado se logró en un operativo conjunto entre los tres países la detención en Foz de Iguazú de Assad Ahmad Barakat, uno de los miembros del Hezbollah más buscado en América Latina.    

    En ese contexto, ¿cuál es la mirada del Centro Simón Wiesenthal hacia la ciudad de Puerto Iguazú?

    Sin desmerecer la actividad económica de Puerto Iguazú, entendemos que está ubicada frente a un monstruo de la envergadura económica  como Ciudad del Este, que no tiene competencia. Pero si puede ser parte del tránsito de mercadería y personas o también un eventual refugio. Y hasta ahora toda la evidencia indica que personas relacionadas con el atentado a la sede de la Amia han ingresado al país por Puerto Iguazú. 

    Volviendo sobre la causa original por el atentado y sobre los cinco prófugos iraníes, identificados con nombre y apellido, ¿qué posibilidades hay hoy de que sean juzgados por la Justicia argentina? 

    Acá hay una cuestión técnica de la Justicia argentina, que no puede juzgar en ausencia a ningún imputado. Es decir, necesita que esos cinco individuos sean detenidos y traídos al banquillo de los acusados en nuestro país para poder juzgarlo. Para salvar esta cuestión se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de juicio en ausencia. 

    Ponemos mucha atención en este tema porque sabemos que es una herramienta judicial que sirvió en muchos países para resolver cuestiones judiciales. Pero no queremos que el proyecto local sea un traje a medida para la causa Amia, sino una ley que ayude en este tipo de situaciones injustas en la que los delincuentes se profugan.

     Queremos que tengan su debido proceso de defensa como todo ser humano lo merece, pero también asegurar que si después de este proceso se llega a capturar a esas personas, se pueda revisar la causa.

    ¿Para evitar que se enfrente el principio jurídico de que una misma persona no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito?

    Claro. Por eso nosotros pedimos que el proyecto de ley tenga prevista la revisión de la sentencia si se logra capturar a los imputados. No queremos que sea una iniciativa que sólo sirva para decir: cerramos la causa Amia y listo.    

    ¿Cómo califica el grado de compromiso del gobierno de Mauricio Macri con la resolución de la causa Amia?

    Hubo reducción de personal en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Amia que se achicó en su estructura y trabajo. Esto sin dudas es un paso atrás en la búsqueda de justicia. Pero también se acaba de lograr algo muy positivo que es que el Estado argentino declare a Hezbollah como grupo terrorista. Lo hizo a través de un decreto firmado por el presidente Macri. Lo ideal hubiese sido una ley del Parlamento argentino. Pero es un primer avance en este sentido.

    Además de reclamar en la Justicia local, ¿qué otra forma de reclamo realiza el Centro Simón Wiesenthal? 

    Permanentemente tratamos de explicar en todo el mundo la gravedad de este atentado ocurrido en nuestro país. El año pasado, por ejemplo, pudimos exponer en la Cámara de los Lores, que es la cámara alta del Parlamento del Reino Unido, donde nos prometieron que si alguno de los cinco prófugos  iraníes con pedido de captura internacional por el atentado pisa suelo ingles será remitido a la justicia argentina. 

  • Estados Unidos: Departamento de Justicia investigara a Google, Facebook, Amazon o Apple, entre otros, para verificar si son un monopolio

    Departamento de Justicia de Estados Unidos investigara a compañías como Google, Apple, Facebook o Amazon, por monopolio y por prácticas anticompetitivas.

    La administración Trump últimamente se dedica a atacar a las empresas de fuera de Estados Unidos. Hace unos días se confirmaba la multa multimillonaria de 5 000 millones de dólares a Facebook. Ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una nueva investigación contra Google, Apple, Facebook y Amazon. Se busca determinar si estas cuatro compañías ejercen un monopolio en sus segmentos, impidiendo la competencia.

    Todo apunta a que Google y Facebook podrían ser acusadas de monopolio, sobre todo la primera, porque no tiene competencia. Amazon ya es más difícil, ya que si bien es titánica, hay otras grandes tiendas que compiten, más o menos. Lo que no termina de cuadrar es lo de Apple, ya que está perdiendo cuota de mercado en smartphone y en PC, también.

    Estados Unidos investiga si Google, Apple, Amazon y Facebook son monopolios

    Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos: “estamos revisando como las empresas tecnologías han conseguido poder en el mercado y si se han involucrado en prácticas que perjudican la competencia, impiden la innovación o perjudican a los consumidores.

    Dicha investigación seguro que durara bastante tiempo y las empresas mencionadas, serán ampliamente escrutadas. También hay otras firmas del sector tecnológico, tratando de averiguar si son monopolios o bien oligopolios. Se busca identificar si afectan de manera negativa al libre mercado y a la competencia.

    Cabe destacar que el comunicado oficial no menciona a ninguna compañía en concreto. Dichas informaciones han sido aportadas por parte de la CNBC. Simplemente el comunicado busca investigar a las compañías dominantes en la red, sobre todo en los ámbitos de buscadores de internet, redes sociales, desarrollo de sistemas operativos y otros.

    Una información interesante, que esperamos que se amplié un poco a otros segmentos. Estaría bien que alguien investigara el mercado de las memorias DRAM y NAND Flash, para ver si hay manipulación de precios y de mercado.

  • La Justicia rechaza el recurso de IU en la Diputación de Segovia

    Edificio de la Diputación de Segovia./ Google Maps

    El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) con sede en Burgos ha desestimado durante la mañana del viernes la paralización cautelar de la constitución de la Diputación de Segovia que había reclamado Izquierda Unida a través de un recurso contencioso electoral en el que la formación política solicitaba la revisión del recuento de diputados provinciales, con el objetivo de obtener un diputado provincial que les daría representación en la cámara y arrebataría la mayoría absoluta al PP.

    Con esta resolución, las fecha marcada para la constitución de la cámara se mantiene para el próximo lunes 22, sin embargo el recurso interpuesto seguirá adelante.

    IU solicita en el mismo la consideración de la candidatura Izquierda Unida-Unidad Popular (IU-UP), presentada en el municipio de El Espinar, como parte del resto de candidaturas que el partido ha presentado en la provincia, a la hora de computar para el recuento de escaños en la Diputación.

    El TSJCyL asegura en su resolución que la no admisión de las medidas cautelares no suponen la generación de perjuicio alguno, ni para los intereses generales, ni para terceros.