La cámara estaba grabando ese domingo 3 de febrero de 2019, pero Ángel Falen Morales no se dio cuenta, porque los monitores estaban averiados. Quizás se sintió protegido por esa razón y pensó que nadie lo descubriría. Pero pocos días después, el 7 de febrero, frente al computador de la jefatura de la sala de urgencias, su crimen quedó en evidencia cuando se revisaron las grabaciones pasadas. Sus compañeros vieron cuando se detuvo frente a la paciente que se encontraba en un estado de inconsciencia, se bajó el pantalón y le introdujo el pene en la boca.
Sofía ingresó a urgencias el jueves 31 de enero, poco antes de las 13 horas. Presentaba agitación psicomotora y trastorno psicótico, debido al consumo de drogas. Era adicta a la pasta base y a otras sustancias que ni siquiera la familia conocía. Su hijo y su madre la llevaron al hospital para que estuviera segura, a salvo, para que la desintoxicaran y ella pudiera rehabilitarse. Estaba ida, desnutrida, desarreglada.
Podría decirse que tuvo suerte de ser hospitalizada, ya que, según la dirección del Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, todos los días alrededor de diez personas que requieren hospitalización quedan fuera por falta de camas y deben ser reubicados o citados para el día siguiente.
La unidad de urgencia psiquiátrica tiene una sala de hospitalización para mujeres y otra para hombres. En la semana, entre las ocho y las 17 horas, trabajan allí 25 enfermeras y varios funcionarios, pero fuera de ese horario y los fines de semana solo cuenta con dos técnicos para cada área, ambulancias con un conductor, cuatro médicos y tres enfermeras que atienden, realizan labores administrativas y supervisan el trabajo.
El domingo 3 de febrero, uno de los técnicos que trabajaba en la urgencia de mujeres no llegó a su turno y las enfermeras debieron redistribuir al personal. En el área de hombres había muchos pacientes, y para contenerlos se necesitaba a los técnicos más fuertes. El área de mujeres quedó entonces a cargo de un camillero conocido por su apatía en el trabajo y del paramédico Falen Morales, en quien las enfermeras confiaban. El día transcurrió sin incidentes.
En el hospital hay 153 cámaras, muchas de ellas en el área de urgencias. Las jefaturas tienen los monitores en sus oficinas, pero nadie está dedicado a mirarlos continuamente, porque no hay tiempo ni recursos para eso. Encima, la semana previa a que ocurrieran los hechos, una paciente había quebrado los monitores. Ya no había dónde ver el registro, pero las cámaras seguían grabando. Quizás fue suficiente para que el técnico paramédico decidiera atacar a la paciente, o quizás las cámaras nunca le importaron porque sabía que no había personal a cargo de los monitores. Fue un hecho fortuito, el reclamo de otra paciente que obligó a hacer el visionado..
La jefatura debía responder a la queja por descuido que, para ellos, podía explicarse en que Falen Morales había estado tan ocupado realizando el trabajo del camillero, que no había tenido tiempo para preocuparse de aquella mujer. Pero al rebobinar el registro, aparecieron las imágenes del paramédico en el acto de violación de Sofía. Falen Morales, quien ingresó al servicio el 11 de marzo del 2016, llevaba tres años ahí ¿Esta fue su única violación que cometió? ¿Se puede asegurar que esto no siga pasando? ¿Cuántas horas de grabación no han sido nunca revisadas?
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El Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak es un instituto público de psiquiatría y salud mental de mediana y alta complejidad, y el único con servicio de urgencia en esta especialidad en el país. El último año, 2.336 personas fueron internadas, 1.356 de ellas eran hombres y 980 mujeres.
Según el Informe Anual 2018 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Estado de Chile gastó el 8,1% de su PIB en salud el 2017, inversión significativamente inferior respecto del resto de los países de la OCDE. Mientras en promedio estos países gastan 4.069 dólares per cápita en salud, Chile solo invierte 1.915 dólares, el cuarto país con menor gasto del grupo.
Pese a que el 80% de la población del país se atiende en el sistema público, un estudio del Colegio Médico de Chile revela que solo el 43% del total de los médicos que ejercen en territorio nacional trabajan en dicho sector. El área privada, al cual accede solo el 15% de los chilenos, concentra más de la mitad de los profesionales.
Este contexto contribuye a la incapacidad que tiene el servicio público para responder a la demanda, que se traduce en largas listas de espera y servicios de urgencia colapsados, según consigna el informe del INDH. Uno de los servicios de salud que concentra las listas de espera más altas es el Metropolitano Norte, al cual pertenece el instituto Horwitz.
El psiquiátrico tiene una capacidad de 429 camas: 244 para pacientes de corta estadía y 50 para larga estadía; 93, en servicio forense; 26, en estabilización de trastornos adictivos; 16, en el servicio de urgencias, ocho para hombres y ocho para mujeres.
En la institución trabaja un total de 779 funcionarios, que incluye desde el personal de la salud hasta las labores de aseo. Una comparación rápida se podía hacer con el Hospital San José, que con la mitad de camas tiene alrededor de tres mil funcionarios. En horario no hábil, el Horwitz solo cuenta con tres enfermeras para atender a la totalidad de los pacientes.
La medicación de los pacientes es una práctica habitual; “una de pino” o “una de queso”, “un lora” o un “CPZ”, le dicen informalmente los funcionarios a los fármacos que administran. Según el hospital, a los pacientes no se les “seda”, sino que solo se les administran tranquilizantes mayores, menores, antidepresivos o antipsicóticos con efecto tranquilizante.
Pero el día que fue violada, Sofía estaba inconsciente. Según la dirección del instituto no era por los fármacos que le dieron allí, sino por las drogas que había consumido antes de ser internada. De hecho, estuvo así varios días. Cualquiera sea su nivel de consciencia o del motivo de su internación -uso excesivo de drogas, patología psiquiátrica o trastorno cognitivo-, los pacientes del Horwitz se encuentran allí, porque su situación amerita un cuidado especializado.
Horas después de haber visto las imágenes, Ángel Falen Morales fue llevado donde la abogada del instituto. Ahí se le mostró la grabación y él admitió la violación. Según sus compañeros, habría dicho que “estaba estresado”. La reunión terminó, el paramédico tomó sus cosas y se fue. Los demás funcionarios estaban en shock, confiaban en él, lo querían.
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El 8 de marzo de este año, el hospital psiquiátrico amaneció con una manifestación en su entrada. La organización de mujeres “No es lo mismo ser loca que loco”, que cuestiona el sistema psiquiátrico del país, hizo barricadas demostrando su molestia. Sus integrantes sabían que se había violado a una paciente en el recinto y que el instituto psiquiátrico no se había referido al tema públicamente. En una declaración, la organización denunciaba que la institución no había realizado los procesos de denuncia correspondientes.
Ese mismo día, el hospital emitió un comunicado en que afirmaba que la institución había actuado “oportunamente y en los tiempos más acotados posibles”. El hecho llegó a oídos del INDH, que asignó un grupo de abogadas para investigar el caso. En abril se hizo parte como querellante y emitió un comunicado a los medios de comunicación informando sobre la violación ocurrida en las dependencias del hospital.
Meses después, la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI visitó a la familia de Sofía. Conversaron con la madre. “Mire, recién me dieron los papeles y esta persona (Falen) se fue del país”, le dijo el funcionario que tenía la orden de investigar .
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La madre de Sofía entra al comedor de su casa. Está molesta, estresada, cansada. Lleva a su nieta de la mano. Está en su casa, pero es como si no estuviera. Se sienta en el sillón sin acomodarse, lista para ponerse de pie nuevamente. “Este funcionario era extranjero y no tenía ninguna medida precautoria. Yo, que no tengo idea de leyes, que solamente sé cocinar y criar hijos, sé que si es extranjero se va a ir del país”, exclama.
Pese a que las cámaras se revisaron el jueves 7 de febrero, paralelo a un sumario administrativo, el instituto psiquiátrico redactó la denuncia recién el 11 del mismo mes. En el Ministerio Público afirman que ingresó al sistema el 13, seis días después de conocerse los hechos. La Contraloría respaldó los tiempos tomados por la dirección del Horwitz en presentar la denuncia ante la justicia, ya que la ley determina que los funcionarios públicos deben denunciar los hechos constitutivos de delito ocurridos dentro de la institución “con la debida prontitud”, sin especificar qué plazo se considera oportuno.
La fiscal a cargo del caso, Paola Trisotti justifica que el Ministerio Público no haya solicitado medidas cautelares para el imputado, diciendo que la orden de detención se pide cuando se trata de “delitos de máxima gravedad”, y que en este caso no existían antecedentes para presumir su fuga. “(El funcionario) tenía domicilio conocido y había colaborado con el sumario que hizo el Horwitz. Por lo tanto, no había presunción de que se fuese a dar a la fuga. Es más, fue luego de la notificación de la audiencia de formalización que se arrancó”, expone.
La orden de detención de Ángel Falen Morales se pidió finalmente en la audiencia de formalización, realizada cinco meses después del hecho. El paramédico no se presentó. Había viajado a Estados Unidos, sin que nada se lo impidiera.
La jueza de garantía Vania Boutaud opina que la actuación del hospital puede haber sido negligente al esperar tanto para presentar una denuncia escrita. En su experiencia, la denuncia debió haberse hecho de inmediato en forma oral, para que la PDI o Carabineros revisaran las grabaciones son demora y, solicitaran que un fiscal se constituyera en el lugar. Así se hubiera pedido una orden de detención al juzgado de garantía. “El hospital, en su calidad de garante de una persona que está bajo su cuidado, tiene que tomar las medidas mínimas de seguridad, primero, para garantizar que nada le pase (a los pacientes) y, segundo, si eso ha ocurrido, hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes de forma inmediata”, agrega.
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“Mi hija estaba dopada. Ni en la calle cuando andaba consumiendo drogas con los drogadictos, abusaron de ella; la meto a un centro de atención pública y la abusan”, comenta la madre.
El caso de Sofía no ha sido el único relacionado con violencia sexual dentro del instituto psiquiátrico Horwitz. En los últimos cinco años, se han realizado once sumarios internos por casos de este tipo. Sin embargo, la institución ha sido denunciante ante el Poder Judicial solo en tres ocasiones. ¿Qué criterio se utiliza para dejar fuera de la justicia una situación que posiblemente es constitutiva de delito?
La directora subrogante del Horwitz, Dra. Lilian San Román, explica que dichos sumarios referían a casos que, según la visión del instituto, no ameritaban denuncia. Uno de ellos, relata San Román, fue una denuncia realizada por una paciente contra un funcionario, al que lo acusaba de mostrarle el pene en la noche. La doctora explica que en el sumario se revisaron las cámaras, pero estas no mostraron nada. “Estamos hablando de pacientes psicóticos, (sus dichos) pueden ser parte también de su cuadro psicótico, parte de una idea delirante, ideas erotomaniacas, entonces se hace una pequeña investigación y, si hay méritos, se efectúa un sumario administrativo”, dice.
Los sumarios administrativos en instituciones públicas se pueden iniciar por diferentes razones, una de ellas es por actos que revisten caracteres de delito, y en los que, además, los funcionarios están obligados a denunciar los hechos en forma inmediata ante quien corresponda, ya sea las policías o Ministerio Público. Incluso si la acción es ejecutada por una persona interna en el instituto psiquiátrico, su condición mental no lo exime de ser denunciado, ya que son los tribunales o la fiscalía quienes deben determinar si es inimputable o no, y no los denunciantes. El acto de exhibicionismo relatado anteriormente es un ilícito, por lo que, según los expertos consultados para este reportaje, debería haber sido denunciado a la justicia, para que los investigadores profesionales determinaran si el hecho había ocurrido o no.
La jueza Vania Boutaud asegura que la postura del Instituto es inconsistente en esta materia. “Si tú inicias un sumario por violencia sexual es porque estás sospechando que se cometió un ilícito, por lo tanto, tiene que ser denunciado a la justicia.No hay justificación para decir: ‘mira estamos investigando para ver qué pasó’”, agrega.
El Horwitz no cuenta con un protocolo sobre abusos sexuales. Cuando se consultó a través de Transparencia por dicho documento, se nos remitió la resolución exenta 897 del año 2015 que instruye respecto a “medidas de prevención de eventos adversos”. Este es un pequeño manual de cómo actuar en caso de que los pacientes se comporten de manera problemática. Pero en cuanto a pasos a seguir frente a denuncias en contra de funcionarios u otros pacientes por agresiones sexuales, no hay nada.
“Vas a recuperarte emocionalmente y terminas violada, es como el mundo al revés”, comenta Lorena Astudillo, abogada y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Agrega que es fundamental que en las instituciones, incluyendo los servicios de salud, existan protocolos claros y que estos sean conocidos por quienes formen parte de la institución, además de tener especial cuidado en la selección del personal que allí trabaja.
“Lo mínimo es que las mujeres que están buscando cuidados no sean violentadas dentro del servicio médico. Las mujeres en general denuncian que en su atención han sido más despreciadas, sobre todo su salud reproductiva. Falta capacitación para estos profesionales, porque están en una situación de garantes respecto a los pacientes que ingresan ahí, y lamentablemente las mujeres corren un mayor riesgo de ser violadas estando en esa situación”, enfatiza la abogada.
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Según el informe de 2017-2018 “Sobre salud sexual, salud reproductiva y derechos humanos en Chile” de la Corporación Miles Chile, que se realizó sobre la base de datos del Ministerio Público, entre los delitos sexuales contemplados en la legislación chilena, el abuso sexual es el que más se denuncia. Entre 2012 y 2016, ingresaron un total de 111.021 denuncias por delitos sexuales. El 82% de las denunciantes fueron mujeres.
Según el mismo informe, en promedio en los últimos diez años sufren violación 12 mujeres y un hombre cada día (en cualquiera de sus tipos: vaginal, anal o bucal). La feminización de la violencia sexual es más evidente cuanto más “extrema” es la forma de violencia.
Javiera Canales, abogada coordinadora del área legal de la Corporación Miles, comenta que, sin embargo, existe una cifra negra en los delitos sexuales; que son muy pocos los casos que se denuncian, entre otras razones, por la normalización del abuso sexual dentro de los hogares, espacio donde más ocurren.
“Cuando alguien lee o escucha un relato de abuso sexual, se imagina una mujer sola caminando en un lugar inhóspito, siendo atacada por un hombre muy pobre, y feo (…) se piensa que no es común que el padre o quien esté a su cuidado sea quien esté realizando este tipo de agresiones”, añade Canales.
Lorena Astudillo de la Red Chilena comenta que las mujeres son constantemente cuestionadas y tratadas de “locas” cuando comunican que han sido agredidas. “Imagínate lo que significa estar en un servicio de salud psiquiátrico para esa mujer; lo vulnerada, la poca credibilidad sobre lo que pudiera decir o sentir. Y también puede haber gente que simplemente diga: ‘a, pero si estaba sedada, no se dio ni cuenta’. No, no es así, ni se puede permitir”.
Desde la organización “No es lo mismo ser loco que loca” hacen un análisis crítico del sistema psiquiátrico y afirman que hay condiciones institucionales que propician la violencia sexual hacia mujeres: desde la infraestructura del establecimiento, la formación de los funcionarios, la inexistencia de protocolos y las relaciones de poder que se dan entre pacientes y las personas a su cuidado. “Si tienes bata blanca, tienes la verdad y puedes hacer cualquier cosa”, sentencian.
En abril, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella en contra de todos quienes resulten responsables en el delito de tortura en grado de consumado por el caso de Sofía en contra de Ángel Falen Morales, en calidad de autor.
La querella cita la Convención Interamericana Belém do Pará, ratificada por Chile en 1998, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que la entiende como manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. La convención también establece que “los Estados deben velar porque las autoridades y agentes estatales se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer”.
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Sofía entra a su casa y saluda con una sonrisa en la cara. No está flaca ni físicamente demacrada, como la habían descrito los funcionarios del hospital. Se ve fuerte e inquieta, pero se quiebra cuando se da cuenta de que su familia está hablando de lo sucedido en el psiquiátrico. “No quiero hablar”, dice y se retira del lugar. El tema aún le afecta, pero está mejor emocionalmente, dice su familia. Continúa yendo casi semanalmente a controles en el Horwitz, donde se le da terapia y se le controla su adicción a drogas. No ha vuelto a consumir desde que fue enviada a su casa.
El instituto psiquiátrico y la familia coinciden en que a Sofía se le ha dado un acompañamiento y tratamiento psiquiátrico óptimo. Pero la familia no se siente igual de acompañada, a pesar de que la dirección del hospital afirma que ha habido constante comunicación con ellos. La madre de Sofía afirma que no han recibido el apoyo necesario para sobrellevar lo sucedido a nivel psicológico en el grupo familiar.
La dirección del instituto psiquiátrico asegura que este es un hecho aislado y que allí no se vulneran los derechos humanos de los pacientes. Ante consultas de The Clinic se informó que están tomando medidas para prevenir la repetición de estos hechos, como la modificación de la infraestructura en sector urgencias para ampliar las ventanas y se pueda dar mayor visibilidad a los pacientes; solicitud de compra de cámaras de seguridad y que haya un programa de revisión aleatoria de los registros; contratación de nuevo personal; y la redacción de protocolos. No obstante, no se explicitaron plazos para la implementación de estas medidas.
