Fuera de la norma constitucional el manejo de la pandemia en México: investigador de la UNAM

Una vez que el Legislativo aprueba esas medidas, faculta al Ejecutivo para hacer frente a la emergencia. El proceso, descrito, no termina ahí, sino que el Congreso debe recibir informes de las acciones realizadas. «El Congreso controla lo que el gobierno hace.

Esto es lo que nos dice el Artículo 19. Y dice algo más: Que todas las decisiones del presidente que se traduzcan en decretos o acuerdos, deben ser conocidas de manera oficiosa por la Suprema Corte de Justicia y debe determinar si son constitucionales o no «, el jurista, difusor de las ciencias jurídicas y ensayista.

Valadés agregó que la forma en cómo se ha desarrollado la pandemia no es ajena a las tradiciones del sistema institucional mexicano. «Mencioné el Artículo 29 constitucional, pero lo sorprendente es que no se aplicó ahora y por tanto no se le dio oportunidad al Congreso ni a la Suprema Corte de Justicia de ejercer los controles constitucionales que tienen facultados, pero tampoco se ha dado en el pasado cercano, ni siquiera en el pasado lejano. La última vez que se aplicó fue durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no quiere que de 1945 a la fecha no se han producido muchosísimos actos en los que el Estado tuvo que recurrir a la aplicación de medidas de emergencia, pero lo hizo siempre de facto, transgrediendo el orden constitucional «, dijo.

Y así ha sido, agregó, por miedo a uso de las palabras. De modo que se prefiere alterar las libertades públicas y no decir a los ciudadanos, de manera expresa: «voy a limitar tus libertades».

«Para eludir el uso de las palabras, se evade la aplicación de un principio constitucional y se nos limiten las libertades por la vía de hecho. Y esto es lo que ha pasado con la pandemia. En marzo, el presidente expidió sendos decretos relacionados con el manejo de la pandemia, dándole al secretario de Salud la facultad para que adoptara las medidas necesarias para hacer frente a esta pandemia. El primer decreto fue publicado después de que el secretario ya había emitido las medidas para el combate a la pandemia «, descrito Valadés.

Así, sin seguir con la medida constitucional se regularon una serie de aspectos de la vida colectiva, se limitaron derechos constitucionales, sin la participación del Congreso y sin la Suprema Corte incluso sin la intervención del propio presidente de la República.

«Nos encontramos en una clara ruptura o violación de la Constitución, porque se limitaron derechos constituc ionales sin seguir el procedimiento que la propia Constitución establece. Además, en el segundo decreto el presidente facultó a la Secretaría de Salud para importar y comprar sin licitación pública todo lo que fuera necesario para hacer frente a la pandemia. Ustedes dirán que es lo que había que hacer, así como también limitar las reuniones, limitar el tránsito, las actividades productivas y comerciales. Y sí, pero también se pudo hacer de acuerdo a derecho y no en contra de lo que el derecho establece «advirtió.

Valadés insistió en que las medidas aplicadas han sido buenas, en su mayoría, pero no en su procedimiento porque no se le ha podido dar seguimiento. «Las decisiones del secretario de Salud fueron todavía más allá. En su acuerdo determinó que no debían reunirse los congresos y los tribunales de justicia. En un país con 130 millones, un secretario de Estado dispuso el cierre de los establecimientos en donde se reunían a sesionar los congresos locales y federales. Es por esto que hablo de una crisis institucional que asocio a la pandemia «indicó.

Valadés indicado que en México está garantizado el derecho a la información que el Estado posea, pero el Estado no está obligado a documentar todas sus decisiones . «Lo que podemos hacer es obligatorio al Estado a que todas las decisiones que toma y se nos aplican a los gobernados estén documentadas y que esa documentación incluir los fundamentos de la decisión y que se razone por qué otras decisiones fueron desechadas. En el caso de la pandemia, deberíamos que saber por qué se decidió no aumentar las pruebas, ¿por qué no ha recomendado enfáticamente el uso de cubrebocas ?, ¿por qué no sabemos el número exacto de personas fallecidas? Estas decisiones deben ser documentadas en un estado constitucional «.